Reajuste sector público 2022 chile
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Chile está constituido por entidades territoriales autónomas y territorios especiales, en un marco de equidad y solidaridad, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales.
Las personas y los pueblos son interdependientes de la naturaleza y forman con ella un todo inseparable. El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad.
El Estado es laico. En Chile se respeta y garantiza la libertad religiosa y de creencias espirituales. Ninguna religión o creencia es oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, que no tiene más limitación que lo dispuesto en esta Constitución y en la ley.
El Estado reconoce y protege a la familia en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirla a vínculos exclusivamente filiales o consanguíneos, y le garantiza una vida digna.
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PIB no minero en recesión técnica, al desacelerarse levemente el consumo. El lunes 1 de agosto, el Banco Central (BCCh) dio a conocer el crecimiento mensual del PIB de junio, que creció 3,7% a/a (-0,2% m/m), en línea con las expectativas del mercado. Con ello, el segundo trimestre habría crecido un 5,7% interanual (+0,3% intertrimestral).
La industria creció (+0,6% m/m), poniendo fin a dos meses de descensos desestacionalizados (gráfico 1). Asimismo, la construcción creció un 0,8% m/m, un comportamiento positivo que podría acelerarse en los próximos meses gracias a un mayor ritmo de ejecución de los proyectos de inversión pública, principalmente en el sector de la vivienda.
La actividad no minera cayó en su primera recesión técnica desde los disturbios sociales (4T-2019). Sin embargo, esta recesión no es necesariamente motivo de preocupación, ya que la convergencia hacia tasas de crecimiento sostenibles del PIB es necesaria para acompañar el proceso de desinflación. Dicho esto, creemos que puede constituir una señal de advertencia política, suscitando inquietud entre los votantes más informados con respecto a los resultados económicos antes del referéndum de septiembre.
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El proyecto de Constitución de Chile ha sido rechazado por un amplio margen en el referéndum constitucional celebrado el 4 de septiembre. Casi 7,4 millones de ciudadanos chilenos, que representan casi el 62% de los votantes, optaron por rechazar la nueva Constitución, frente al 38% que votó por aprobarla. Este resultado fue casi uniforme en todas las regiones del país, lo que indica un amplio rechazo a la propuesta. El Presidente Gabriel Boric aceptó rápidamente el abrumador rechazo del proyecto, que a menudo se consideraba un barómetro de la aprobación de su administración en el periodo previo a la votación, e hizo un llamamiento al diálogo nacional y a la unidad para forjar un nuevo proyecto en los próximos años.
Con casi el 80 por ciento de los chilenos votando en 2020 a favor de crear una nueva Constitución, el presidente se inclinará por la creación de una nueva asamblea constituyente o de un grupo de expertos que redacte una nueva carta social, mientras que la oposición intentará presionar para que el Congreso se encargue de modificar la actual Constitución de 1980 o de redactar un nuevo texto.
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El viernes 11 de marzo asumió en Chile el nuevo gobierno del Presidente Gabriel Boric. El nuevo gobierno se enfrentará a una serie de vientos en contra y desafíos económicos y políticos, que en cierto sentido también pueden ofrecer sus propias oportunidades. Dada la historia chilena de los últimos dos años y medio y el carácter arrollador de las recientes elecciones, el nuevo presidente entra en escena con un mandato fuerte y grandes expectativas. No será fácil gestionar y moderar estas expectativas en el contexto de un país polarizado y un proceso de reforma constitucional políticamente cargado.
Las mayores incógnitas se derivan del resultado de la Convención Constitucional a finales de este año, el posterior plebiscito nacional sobre el proyecto de constitución y las amplias implicaciones para la gobernabilidad que plantea un nuevo documento. Los 155 miembros de la Convención tienen la tarea de revisar la actual Constitución, que data de 1980, durante la dictadura militar. La mayoría de la asamblea se inclina hacia la izquierda o el centro izquierda. La convención debe terminar de redactar el nuevo documento antes de julio de 2022, y se espera que se celebre un plebiscito nacional a finales de ese mismo año. La nueva Constitución debe obtener la aprobación de dos tercios en ese referéndum.